Tuesday, November 21, 2006

HISTORIA DE LA DEUDA PUBLICA DOMINICANA





"La fundación del Estado Nacional Dominicano, el interés extranjero en la Isla, y el nacimiento de la Deuda Pública Interna y Externa."

Por: Ramona Fragoso Lapaix y Francisco Berroa Ubiera



INTRODUCCIÓN
Presentamos los resultados preliminares de una investigación histórica sobre los orígenes del endeudamiento a lo interno y externo de la Nación Dominicana. Este tema reviste de una importancia cardinal para comprender los procesos socio-económicos del país en su devenir histórico.
La condición financiera de la República Dominicana, en sus orígenes, marca el desarrollo evolutivo de la sociedad dominicana a lo largo de su historia, lo que hace de la condición financiera del país un indicador de las debilidades económicas de nuestra sociedad al momento mismo del nacimiento de la República.
Este informe preliminar de investigación presenta una síntesis de la evolución socio-económica del país a partir de 1844 hasta el régimen de los Seis años de Buenaventura Báez (1868-1874), concentrándose en la exposición de los motivos que determinaron el surgimiento de la deuda publica externa.
Asimismo, se dilucida lo relativo al préstamo contraído por Báez con la Casa inglesa Hartmont en 1869, y se exponen los compromisos financieros contraídos en esa oportunidad que dieron nacimiento a la deuda externa, así como sus consecuencias inmediatas.

1.0. NACIMIENTO DE LA NACIÓN.
La República Dominicana surge como un estado nacional en 27 de febrero de 1844 al proclamar su independencia del vecino Estado haitiano. En consecuencia, la nueva nación se vio forzada por las circunstancias de ese momento histórico y por la necesidad de mantener su independencia a enfrentar el ejército haitiano en varias campañas militares durante los años de 1844, 1845, 1849, y 1855-56, hasta lograr la consolidación de su independencia política.
La guerra en contra de los haitianos fue un factor determinante para obligar a los primeros gobiernos dominicanos a destinar más del 80 por ciento de los ingresos fiscales para cubrir el presupuesto del Ministerio de Guerra y Marina, y en muchos casos, para cubrir los déficit presupuestales del gobierno de turno se recurría a las emisiones de papel moneda sin respaldo, a los préstamos concedidos por los grandes comerciantes importadores-exportadores -casi todos de origen extranjero-, e inclusive, para tales fines se llegó a recurrir en más de una ocasión al endeudamiento externo.

1.1. GEOPOLÍTICA INTERIOR, ECONOMÍA Y COMERCIO
La independencia alcanzada de Haití en 27 de febrero de 1844 creó un país con dos grandes regiones geopolíticas: la Norte y la Sur, en donde la región Norte manifiesta unas características políticas plurales, constituyendo en lo social un conglomerado policlasista, y en lo económico, a pesar de que la nueva nación contaba con una formación económico social bastante heterogénea, se distingue por su marcado progreso capitalista sostenido principalmente en la producción agrícola, peculiar de una economía campesina tradicional, y dispone además de ciertos mecanismos de distribución y comercialización de los bienes y productos propios de una economía mercantil.
La economía de la región Norte era más avanzada comparada con la del Sur, región más tradicional, y en donde imperaba desde los tiempos de la colonia una economía ganadera extensiva sobre la base de la gran propiedad territorial (hato), con importantes centros de explotación forestal, y con una gran cantidad de trapiches instalados produciendo azúcar mascabado, por lo cual, se puede afirmar que en esta región se constituyó un estamento social oligárquico con base en el gran latifundio, vinculado a las actividades productivas antes señaladas, quienes ejercían un dominio social mucho más efectivo sobre la población de su región que los latifundistas del Norte, y ante sus peones y jornaleros, descendientes de esclavos o libertos, ellos eran los amos de la situación y los árbitros de aquel escenario geográfico.
Sin temor a equívocos, cuando nos referimos a las regiones Norte y Sur del país, está claro que se trataba de dos sociedades distintas, incomunicadas entre sí, en cierta medida, por la falta de caminos y carreteras, y con poblaciones con marcadas diferencias en su psicología, costumbres, valores, subculturas, y con diversas concepciones generales de la vida social y económica.
La República Dominicana logró su inserción temprana a la red de intercambios comerciales a partir de 1844, siendo nuestras principales exportaciones el tabaco con destino a los puertos alemanes de Bremen y Hamburgo; la caoba y otras maderas preciosas, los cueros de reses, y el azúcar mascabado con destino a los Estados Unidos, exportaciones que se convirtieron en nuestra principal fuente de divisas.
Desde enero de 1844 hasta enero de 1845 el puerto de Santo Domingo recibió la visita de 97 barcos de los cuales 26 eran norteamericanos, 23 holandeses, 10 franceses, 9 daneses, 8 ingleses, 4 haitianos, 2 venezolanos, 1 sueco y 1 alemán, los cuales aforaron 8,620 toneladas.
Para aquellos tiempos, nuestro país se caracteriza porque disponía de una agricultura casi primitiva, debido a que los instrumentos de producción así lo eran.
Las exportaciones de caoba fueron por un monto de 3, 223,000 pies en 1844-45, y de 3,439,000 pies en 1855. Para entonces los principales productores y exportadores de maderas preciosas -principalmente caoba, campeche, y guayacán-, eran los comerciantes extranjeros Abraham Cohén, Juan Bautista Bouví, y Jules Grandgerard, establecidos en la región Sur.

1.2. LA SITUACIÓN FINANCIERA Y MONETARIA
Para cubrir los gastos de la burocracia enquistada en el poder y para satisfacer las demandas de los soldados y oficiales, o para satisfacer los propios gobernantes su ambición personal, desde 1844 los gobiernos dominicanos se dedican a realizar elevadas emisiones de papel moneda sin respaldo, y esta equivocada, pero necesaria política financiera, dará lugar a un verdadero caos monetario en todo el país durante el periodo 1844-1861. Las emisiones monetarias durante este periodo fueron como sigue:
FECHA CANTIDAD TIPO DE MONEDA GOBIERNO TASA DE CAMBIO
1844 150,000 Billetes Santana 44X1
1844 50,000 Metálic(Cobre) Santana
1845 300,000 Billetes Santana
1845 771,830 Billetes Santana
1845 329,228 Billetes Santana
1846 200,000 Billetes Santana
1846 300,000 Billetes Santana
1848 250,000 Billetes Santana
1848 1,000,000 Billetes Santana
1848 300,000 Billetes Santana
1848 375,000 Billetes Santana 10: 1
1849 1,000,000 Billetes Báez 10: 1
1849 1,500,000 Billetes Báez 50: 1
1856 500,000 Billetes Báez 68.75: 1
1856 3,000,000 Billetes Santana
1856 14,000,000 Billetes Báez 500: 1
1856 2,000,000 Billetes Báez 500: 1
1856 1,000,000 Billetes Báez 500: 1 ó 1,000X 1
1857 6,000,000 Billetes Báez
1857 14,000,000 Billetes Báez
1857 2,000,000 Billetes Báez
1857 1,000,000 Billetes Báez
1857 18,000,000 Billetes Valverde 4,000: 1
1858 100,000 Billetes Báez
1858 100,000 Billetes Báez
1858 20,556,930.75 Billetes Valverde 4,725: 1 ó 1,600X1
Nov.-enero, 1859 19,242,000 Billetes Santana
1860 50,000 Billetes Santana
Mayo-agosto,
1860 20,000,000 Billetes Santana 1,200X1
Agosto-oct.,
1860 10,240,000 Billetes Santana 3,000X1
Enero-feb.,
1861 8,000,000 Billetes Santana
Fuentes: Cassá, Roberto: Historia social y económica de la República Dominicana, Tomo II, Editora Alfa & Omega, Santo Domingo, 1986; Franco, Franklin: -Historia económica y financiera de la República Dominicana, 1844-1962. Editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Santo Domingo, 1996, e, Historia del Pueblo Dominicano, Tomo I, y, Edición del Instituto del LIbro, Santo Domingo, 1992; Gobierno Dominicano: Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, Tomos I y II., Santo Domingo, 1996.

La guerra en contra de los haitianos fue un factor determinante para obligar a los primeros gobiernos dominicanos a destinar más del 80 por 100 de los ingresos fiscales para cubrir el presupuesto del Ministerio de Guerra y Marina, y en muchos casos, para cubrir los déficit presupuestales del gobierno de turno se recurría a las emisiones de papel moneda sin respaldo, a los préstamos concedidos por los grandes comerciantes importadores exportadores -casi todos de origen extranjero-, e inclusive, para tales fines se llegó a recurrir en más de una ocasión al endeudamiento externo. La Ley de gastos públicos que rigió a partir del 28 de junio de 1845 estableció un presupuesto de RD.$ 1,179,889.00, destinando al Ministerio de Instrucción Pública (Educación) RD. $2,720.00, y, más de RD. $1,000,000.00 para el Ministerio de Guerra y Marina; el año siguiente (1846), el monto del presupuesto fue de RD. $ 1,770,829.00, y la distribución de gastos como sigue:
Ministerio Asignación (RD $)
Guerra y Marina $ 1,535,775.00
Interior y policía $ 63,997.00
Justicia, Instrucción
pública y Relaciones
Exteriores $ 94,885.00
Hacienda y Comercio $77,172.00

Sobre la moneda informa el cónsul francés Saint Denys en su carta a Guizot, Santo Domingo, 5 de agosto de 1844 que el gobierno había creado el peso dominicano, emitiendo 300,000 gourdes (pesos) equivalentes a 600,000 francos; destaca que 1 peso equivale a 2.0 ó 2.5 francos franceses. Sobre la moneda metálica haitiana o céntimo, dice que sigue circulando, aunque en agosto de 1844 "El doblón español que antes de esta emisión valía hasta 60 gourdes de Haití no vale ahora más que 43 ó 44 gurdes dominicanos". En 29 de agosto de 1844 se produjo una emisión de 100,000 pesos en billetes de a cinco con el fin de recoger las papeletas haitianas. A fines de 1844 se mandaron a acuñar a los Estados Unidos las primeras monedas de cobre por un valor de R.D.$ 50,000.00. Santana decretó en 23 de enero de 1845 una prohibición para la exportación de toda clase de moneda de oro, plata, cobre u otros metales en cualquiera de sus formas: barras, planchas, etcétera; también fue rehabilitada la Ley de patentes del 27 de julio de 1840.
Sobre las deudas nacionales en julio de 1844 eran por un monto de 134,000 francos; detalladas así: 46,000 gurdes de Haití (92,000 francos), y 8,000 pesos fuertes de España (42,000 francos). El costo de los fusiles y de tres barcos que Francia le suministró a Santo Domingo fue la suma anterior, es decir, 134,000 francos. Sobre los aranceles, la ley de aduana del 26 de mayo de 1827, fue sustituida por la ley del 9 de junio de 1838, y esta a su vez por un decreto de Santana de fecha 7 de diciembre de 1844 por medio del cual la tonelada se gravaba de esta forma: lo que pagaba dos pesos fuertes españoles (0.50 francos) ahora paga dos pesos nacionales (4 francos).
Durante el periodo comprendido entre 1844 a 1861, antes de la anexión a España, los grupos enquistados en el poder derrochaban los pocos recursos de la nueva nación, el anexionismo andaba por sus fueros, y el conservadurismo, el caudillismo, el autoritarismo y el militarismo se complementaban mutuamente. Ciertamente, durante la "Primera República", hubo varias tentativas para obtener empréstitos como más adelante explicaremos. Aparte de esto, desde el nacimiento mismo del Estado Dominicano -que nace bajo el dominio de clase de una oligarquía criolla que fundamentaba su poder en el latifundio ganadero, tabacalero y cañero-, sus gobernantes se vieron compelidos a enfrentar los intereses financieros de la República de Francia.
Debido a que el estado dominicano surgió por separación de Haití, casi de inmediato Francia le hizo la reclamación de una deuda que había surgido en 1825, cuando el entonces presidente de Haití, Jean Pierre Boyer, contrajo forzosamente(Francia y su Rey Carlos X envió a Haití en 1825 una escuadra naval comandada por el Barón Mackau, Almirante francés que literalmente obligó al presidente Boyer a pagar a Francia una elevada indemnización por los daños y perjuicios sufridos por los colonos franceses a raíz de los incidentes de la revolución antiesclavista (1790-1793), y de los surgidos posteriormente, sobre todo por los perjuicios sufridos durante la guerra de independencia de Haití (1802-1ro. de enero de 1804) y por las consiguientes expropiaciones y nacionalizaciones de tierras y propiedades de inversionistas franceses ) una deuda con la República de Francia por la suma de 150 millones de francos para ser liquidada en un plazo de apenas cinco años. Como Boyer aceptó las condiciones que bajo amenaza le fue impuesta por Francia, el gobierno haitiano no tuvo otro camino que reconocer y pagar una onerosa deuda pública externa, la cual le creó a la República de Haití serios trastornos financieros en lo concerniente a su política presupuestaria de gastos ordinarios, y estos trastornos también afectaron a la población del Este insular, entonces bajo dominación haitiana. En lo único que Haití se favoreció fue en que Francia reconoció su independencia, la cual de hecho los haitianos la habían ganado en 1804, y hasta ese momento los franceses se habían negado a reconocerla.
Durante el año de 1838 el monto de la deuda externa de Haití con la República de Francia se redujo de manera importante a la suma de 60 millones de francos. En 1844, ésta última cantidad se redujo a 52.5 millones de francos, equivalentes a 10 millones de pesos haitianos de la época.
Debido a que la República Dominicana surgió por el proceso de la separación de un estado de otro, los franceses entendieron que la deuda que los haitianos habían aceptado en 1825, y reconocido en 1844, se debía repartir proporcionalmente entre las dos entidades estatales: la vieja, Haití, y la nueva; República Dominicana, entendiendo que la parte desmembrada o el nuevo estado debía cubrir parte de la deuda pública preexistente.
De ahí que bajo el alegato de que la República formada en 1844 no era compromisoria del acuerdo de 1825 entre Francia y Haití, el primer presidente dominicano, General Pedro Santana, envió una misiva al Cónsul francés Monsieur Juchereau de Saint-Denys, afirmándole que "el pueblo dominicano en general está persuadido de que no está en el caso pagar la más mínima parte de la mencionada deuda".
A pesar del otrora poderío de Francia y de la enorme influencia que ejercía esa potencia europea en la República Dominicana, a los galos no les quedó otro camino que el de reconocer la independencia de la nueva nación, y su reclamación de pago de la supuesta deuda quedaría olvidada en los anales de la historia.

1.3. LOS PRIMEROS PRÉSTAMOS.
Efectivamente fue durante el periodo denominado por la historiografía dominicana Primera República (1844-1861) cuando ese país contrajo los primeros empréstitos. En 1851 el presidente de turno Buenaventura Báez fue autorizado por el Congreso por resolución de fecha 15 de mayo de 1851 para contratar un empréstito por la suma de 2.0 millones de pesos, mediante el decreto Núm. 233. La finalidad de dicho empréstito sería la de obtener fondos para retirar papel moneda devaluado en circulación en el país y asimismo facilitar la entrada al territorio dominicano de extranjeros que se dedicasen a la agricultura, como también hacer frente a las atenciones extraordinarias, y para crear un fondo para el erario de un cinco por ciento (5%) del monto del préstamo. Dicho empréstito no se obtuvo.
El interés de Estados Unidos en la República Dominicana ya se manifestaba para esta época, debido a que el 5 de octubre 1854 se ventila la existencia de un tratado secreto entre el presidente Pierce de Estados Unidos, a través de uno de sus agentes, y el general Santana.
Siete años después de la tratativa de 1851 por obtener un préstamo externo, el Consejo Conservador (senado dominicano), en fecha 11 de marzo de 1858, mediante el decreto Núm. 537 autorizó al presidente José Desiderio Valverde -éste gobernaba en el Norte, porque el país se hallaba dividido como resultado de las luchas domésticas, y muy particularmente a causa de la guerra revolucionaria que iniciaron los liberales en Santiago el 7 de julio de 1857- a buscar un nuevo empréstito por la suma de 500 mil pesos fuertes a fin de destinarlos a cubrir un déficit presupuestario. En 1858 la situación del país era tal que los habitantes del Norte -denominados cibaeños-reclamaban establecer la Catedral católica en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y los habitantes del Sur y de Santo Domingo, la capital dominicana tradicional, se negaban a aceptar el gobierno de Valverde. La situación sin lugar a dudas se puede definir de confusa porque había un país dividido, con dos gobiernos, dos capitales, y dos catedrales, en una misma nación.
La causa que había provocado esta división artificial del país había sido las cuantiosas y millonarias emisiones de papel moneda devaluado hechas por el presidente Buenaventura Báez, hasta un monto de 20 millones de pesos, lo cual tuvo efectos inflacionarios catastróficos para el conjunto de la economía dominicana, perjudicando de manera muy especial el sector tabacalero cibaeño; por su parte, el fenómeno de la devaluación monetaria se comportó así: en 1856 la relación de cambio monetario del peso español por el peso dominicano era de: 1:50; y en 1857 llegó a ser de 1: 1,500, es decir, que la devaluación llegó a ser del orden de un 100 por ciento, vale decir que el peso redujo su valor 10 veces frente al peso español, que era para entonces la divisa extranjera más importante que circulaba en el país conjuntamente con el dólar de plata de Estados Unidos o de México.
La intervención del caudillo General Pedro Santana en el conflicto, en favor del gobierno establecido en el Norte, y encabezado por el General Valverde, y en contra de Báez, apaciguó los ánimos y “manu militari” restableció el orden interno de la nación, reunificando de nuevo su territorio. Éste general, conocido como "El Libertador" -como se hizo llamar desde 1858 -gestionó la anexión en favor de los españoles, y por su decisión unilateral, luego aceptada por España, proclamó la anexión a los ibéricos en 18 de marzo de 1861.
Después de algo más de dos años de odiosa dominación colonial, se produjo el Grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, y después de una guerra popular y de liberación nacional -mejor conocida con el nombre de Guerra Restauradora-, que a España le costó cuantiosos recursos económicos y la vida de más de 11 mil soldados, se produjo la resurrección nacional en el año de 1865.
El triunfo de la gesta restauradora dejó vivo en la nación el "entreguismo" de la clase dominante, y específicamente, a partir de 1865, existía en el país una burguesía con real existencia económica, aunque sin conciencia de sus intereses políticos. Correspondió a esta clase social asumir el nuevo liderazgo político derivado del hecho de la guerra en contra de España.

1.4. LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LOS ANTECEDENTES DEL FRAUDE HARTMONT AL ESTADO DOMINICANO EN 1869
A partir de 1865, la nueva clase dirigente, la burguesía que había conquistado el poder del estado dominicano tras desplazar de sus dominios a la oligarquía tradicional, actuó con celeridad para crear un sistema financiero informal representado por los comerciantes extranjeros radicados en la República Dominicana, quienes aliados a la burguesía criolla crearon un sistema crediticio formado por la instituciones crediticias denominadas Juntas de Préstamos, las cuales aglutinaban a varios comerciantes, a quienes luego se les sumaron los sefarditas de Curazao.
Estas Juntas de Préstamos o de Créditos le llegaron a hacer varios préstamos al gobierno del general Cabral (22 de agosto de 1866-31 de enero de 1868), conocido como "El Protector de la República" por un monto ascendente a la suma de 200 mil dólares, para que su gobierno resolviera problemas financieros ordinarios. Los intereses que cobraban dichas Juntas eran muy elevados, y por lo regular se cobraba por este concepto un tres por ciento (3%) de interés mensual, y podía aumentar, cuando a los capitales se le sumaban nuevos intereses, por lo cual, dicho interés real alcanzaba hasta un monto de un 50 por ciento al año.
Para un gobierno poder mantenerse en el ejercicio del poder necesariamente debía disponer de fondos y partidas especializados para cubrir los gastos de la guerra civil, tan frecuente para la época. Algunas veces las sumas que se solicitaban a las Juntas eran elevadas, y precisamente fue por ello que los directivos de las mismas se vieron forzados a buscar el apoyo de comerciantes extranjeros, principalmente de los judíos sefarditas de Curazao, quienes jugaron un destacadísimo papel a partir de 1865 en su función de prestamistas, entre los cuales se destacaron los señores Jeremías Jesurum e hijo, Jacobo De Lemos, Jacobo Pereyra y muchos otros que instalaron sucursales de Casas comerciales en Santo Domingo, y casi todos tenían sus Casas matrices en las Antillas Holandesas, y básicamente en Curazao, y mantenían relaciones muy buenas con comerciantes y financistas de la vieja Europa.
El papel desempeñado por los sefarditas y por sus firmas comerciales en la República Dominicana fue más que determinante en el proceso de definición de las políticas de los gobiernos dominicanos de aquella época. Inclusive los sefarditas y la burguesía comercial-usuraria dominicana financiaban en algunos casos las revueltas que ponían fin a los gobiernos de turno, debido a que los mismos se atrasaban o incumplían en el pago de las obligaciones contraídas con dichas entidades El gobierno surgido de la revuelta debía hacer frente a los compromisos contraídos en este sentido por su predecesor.
Este es uno de los elementos que permite explicar la anarquía reinante en la sociedad dominicana en aquel momento pos-restaurador, así como el desorden político y social del periodo 1865-1880. Durante este periodo el país fue escenario de innumerables revueltas y revoluciones, golpes de estado y guerras, guerritas y guerrillas. Desde el 4 de agosto de 1865 hasta el 1ro. de septiembre de 1880, la República dominicana llegó a tener aproximadamente 26 gobiernos y más de 46 gobernantes, porque algunos de estos gobiernos fueron colegiados. De todos estos gobiernos los más duraderos fueron los de José María Cabral (22 de agosto de 1866 al 31 de enero de 1868): la cuarta administración de Buenaventura Báez (1868-1874); el de Ignacio María González (1874-1876), y el quinto y último gobierno de B. Báez (1876-1878), todos los demás fueron gobiernos efímeros. Por lo tanto, en ese momento que cubre apenas unos 15 años se puso de manifiesto el desorden y la anarquía reinantes en la República Dominicana, determinada en cierta medida por los factores económicos antes señalados.
El día 5 de abril de 1867 el Congreso autorizó al presidente de la república a realizar gestiones para concertar un empréstito por la suma de 400 mil libras esterlinas, sin embargo, en esa ocasión el proyecto de préstamo quedó frustrado al no encontrarse fuente de financiamiento alguna. Una vez más, el 20 de mayo de 1867 el mismo congreso autorizó al ejecutivo de la nación a obtener un nuevo empréstito en Curazao, vía los comerciantes judíos, por la suma de 200 mil dólares; Otro decreto autorizó en fecha 18 de abril de 1868 la contratación por parte del presidente de un empréstito por la suma de 2.0 millones de pesos.
Había ocasiones en las cuales los propios comerciantes judíos facilitaban ellos mismos los fondos de empréstitos, cuando no se valían de sus contactos en Europa para obtenerlos, logrando en su beneficio por tales gestiones el pago de jugosas comisiones.

1.5. LA CUARTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE BÁEZ Y EL EMPRÉSTITO HARTMONT DE 1869.
Buenaventura Báez al momento de alcanzar la presidencia en su país en 1868 era un experimentado hombre de estado que se había iniciado en las actividades políticas durante los años de la dominación haitiana sobre la parte oriental de Santo Domingo (1822-1844), y quién desde muy temprano se perfiló como un hombre inescrupuloso a quien el brillo de poder deslumbraba y fascinaba. Fue presidente durante los siguientes periodos: 1849-1853; 1856-1858; 1865-1866; 1868-1874, y 1876-1878.
Fue durante su cuarta administración al frente de la cosa pública que Báez convino la contratación del empréstito Hartmont, a fin de procurarse fondos que le permitiesen mantenerse en la presidencia de la República por el mayor tiempo posible, y claro, sin pensar en lo más mínimo en el bienestar de la población dominicana de aquella época. A tales propósitos, preparó el terreno y abonó los argumentos para justificar ante la pequeña nación la contratación de un empréstito. Buenaventura Báez fue un político sumamente hábil y tenía un gran poder de convencimiento, y era además un destacado miembro del sector burgués conservador agrario-comercial, y un accionista de bancos foráneos.
Para alcanzar su propósito, hizo que anticipadamente la Convención Nacional (el congreso dominicano de aquel entonces), promulgara un decreto en fecha 1ro. de mayo de 1868 que fijaba la deuda pública interna del país, con la Casa de Jeremías Jesurum & Zoom en la suma de 37,145.80 pesos de la época. Esto lo hizo un año antes de la contratación del empréstito, con el preclaro y ulterior fin de justificar ante la opinión pública el endeudamiento externo La existencia de ésta deuda fue el pretexto que le sirvió a Báez de catapulta para lanzar al congreso la idea de la necesidad de buscar una fuente de financiamiento exterior.
En consecuencia, convencido el congreso por Báez, éste empleó a fondo sus relaciones con los sefarditas establecidos en Curazao, y de manera especial con los directivos de la Casa Jesurum & Zoom, a fin de que fuesen éstos los encargados de localizarle en Europa la fuente para obtener los recursos monetarios, y por lo tanto, actuando conjuntamente con los aventureros norteamericanos General William L. Cazneau, y con el coronel Joseph W. Fabens, pudo establecer contacto con un señor apellidado Spofford, quien en definitiva se convirtió en el agente norteamericano del empréstito, y a través de éstos personeros pudo alcanzar su ansiado propósito, obteniendo en fecha 1ro. de mayo de 1869 la contratación de un empréstito por la suma de £420,000.00(El símbolo £ corresponde a la moneda inglesa Libra Esterlina.) con la Casa Hartmont & Cía., con su asiento social en la ciudad de Londres, Inglaterra. Esta fue la primera negociación pactada entre el Estado Dominicano y el capital financiero europeo, el cual, para el momento, se puede definir como un capitalismo usurario que aplicaba la piratería financiera para incrementar la acumulación originaria.
A partir de la firma del contrato, el presidente de la Casa Hartmont & Cía., señor Edward Hartmont, quedó comprometido con el gobierno dominicano a pagarle al momento del cierre del contrato un anticipo por un monto nominal de £50,000.00, sin embargo, dada su insolvencia inmediata, y disponiendo de tan sólo £37,500.00, a Báez no le quedó otro camino que aceptar dicho monto, dada su aparente urgente necesidad de dinero líquido, por lo cual, desde un principio, el contrato fue incumplido por la Casa Hartmont & Cía. Y aunque el monto del empréstito ascendía a la suma de £420,000.00, Hartmont únicamente quedaba obligado a pagar £320,000.00, porque en el contrato se acordó lícitamente que a él le correspondía descontarse del monto total del empréstito la suma de £100,000.00, por concepto de pago de una comisión justificada en supuestos riesgos y desembolsos, tal y como se estableció en un contrato adicional de la misma fecha del contrato principal.
Por lo tanto, el Estado dominicano debía recibir, a más tardar el mes de diciembre de 1869, un pago completivo ascendente a la suma de £282,500.00, según lo disponía el contrato de empréstito suscrito con la Casa Hartmont & Cía., el cual fue debidamente ratificado por el Senado Consultor de la República en fecha 1ro. de junio de 1869, aunque el mismo fuese anulado, de manera unilateral y posterior, por éste mismo organismo legislativo el 20 de julio de 1870.
Con relación a éste primer empréstito se hace necesario destacar que la Casa Hartmont & Cía., no cumplió cabalmente con sus obligaciones contractuales para con el Estado Dominicano, y Hartmont lo que realmente hizo fue aprovecharse de las circunstancias para enriquecerse de manera ilícita. A tales fines se dedicó a realizar emisiones de bonos o títulos de valor por un monto muy superior a lo acordado en el contrato con el gobierno de Báez. Los bonos emitidos por Hartmont alcanzaron un monto total de £757,700.00, cuando solamente estaba autorizado para la emisión de £420,000.00, que era el tope máximo acordado contractualmente.
Según establecía dicho contrato de empréstito, la República Dominicana debía amortizar la deuda contraída haciendo pagos de £58,000.00 anuales, durante 25 años, a la entidad crediticia, mediante el pago de cuotas semestrales, hasta completar un monto ascendente a £1,450,000.00. Como garantía del préstamo Báez ofreció a la Casa Hartmont y Cía., de acuerdo con el contrato de endeudamiento de fecha 1ro. de mayo de 1869, lo siguiente: a) Una primera hipoteca sobre todo el activo del Estado Dominicano, sus proventos y dominios (artículo 9 del contrato); b) una garantía especial de las recaudaciones de las aduanas del país, cuyos ingresos oscilaban entre 500,000 y 800,000 pesos (artículo 10 del contrato); así como el control directo de las aduanas más importantes del país y con mayor recaudación anual, y que eran las de Puerto Plata y la de Santo Domingo; c) una garantía suplementaria de las minas de carbón de Samaná, sus bosques, y los derechos de exportación del guano de la isla de Alto Velo (artículo 14 del contrato).
El empréstito Hartmont fue una gran estafa en perjuicio del Estado Dominicano que se hizo posible debido a la actitud asumida por el presidente Báez, en aparente complicidad con los aventureros norteamericanos: Fabens, Cazneau y Spofford, entre otros. El Estado Dominicano apenas llegó a recibir por éste empréstito un avance de £37,500.00, y el resto del dinero la Casa Hartmont nunca lo envió al país, razón por la cual se procedió a la anulación del contrato. Y en cuanto a la actitud de Báez, esta no tiene justificación en tanto él tenía en ese momento la suficiente experiencia de Estado en lo concerniente al manejo de la cosa pública, y no se explica que obrase sin la cautela propia de un estadista, para exigir y reclamar a la Casa Hartmont & Cía. las garantías y las seguridades que en tales casos forman parte de los usos comerciales y del más elemental sentido común. En cambio, se puede apreciar de los hechos que Báez actuó en aparente complicidad con Hartmont, porque sin justificación aparente lo llegó a nombrar Cónsul de la República Dominicana en Londres, llegando inclusive a hacerle entrega de papel timbrado con el membrete del gobierno dominicano, firmado y sellado en blanco por Báez, e inclusive autorizó a Mister Hartmont para que realizara la transferencia del contrato de empréstito en favor de terceros.
Y lo peor del caso es que cuando el 20 de julio de 1870 el Congreso anuló el contrato de empréstito frente al incumplimiento de las obligaciones de la Casa Hartmont, Báez no dio la voz de alarma en el mercado bursátil de Londres, premiando a Hartmont con la ventaja del tiempo, el cual aprovechó éste para poner a circular y vender nuevas emisiones de bonos. No fue sino hasta 1872 cuando su gobierno denunció en el mercado londinense la anulación del contrato de empréstito. Ya para ese momento el aviso de anulación del contrato se hacía tardío. El fraude, la estafa del pirata financiero inglés y de sus asociados se hallaba consumada.
A fin de cuentas, acaecida la estafa de Hartmont el país no tuvo acceso inmediato a fuentes crediticias en el mercado europeo; el Estado siguió siendo deudor de múltiples tenedores de bonos europeos a quienes Hartmont les vendió dichos títulos correspondientes a las emisiones de bonos autorizadas por el contrato de empréstito de 1869. Por lo tanto, fue responsabilidad de la nación y de los gobiernos posteriores a la cuarta administración de Báez (1869-1874), el asumir este reto: pagar o renegociar una deuda nacida del fraude.

1.6. BÁEZ Y ESTADOS UNIDOS.
A finales de 1869 y en el curso del año de 1870 la urgencia de Báez era la de entregar la República Dominicana a la Unión Norteamericana, y por ello, contando con el estímulo y la colaboración del General William L. Cazneau y del Coronel Joseph W. Fabens, gestionó la anexión del país a Estados Unidos, así como la venta de la península y bahía de Samaná por la suma de 1.5 y 2.0 millones de dólares respectivamente. Es bueno aclarar que las negociaciones de Báez con Estados Unidos y con el presidente Grant se iniciaron en 1869. El 29 de noviembre de 1869, Báez firmó un contrato con el Cónsul de Estados Unidos, Mister Perry, para ceder a ese país la Bahía de Samaná, a cambio recibió 100,000 dólares en efectivo y 50,000 en armamentos y municiones; y en 1870 Báez recibió de Ulises Grant un adelanto de 150,000 dólares, sin embargo este contrato fue rechazado por el Congreso en ese mismo año. El 31 de mayo de 1870 se produce un mensaje de Grant al Congreso de Estados Unidos pidiendo la aprobación de un acuerdo concertado entre su gobierno y el de Buenaventura Báez, el cual dice:
“La doctrina promulgada por el presidente Monroe ha sido acogida por todos los partidos políticos; y juzgo oportuno afirmar ahora el principio igualmente importante de que, en lo sucesivo, no podrá territorio alguno de este continente transferirse a ninguna potencia europea... Tengo noticias, que creo fidedignas, de que una potencia europea esta dispuesta a ofrecer, caso de que rehusemos a la anexión, dos millones de pesos por solo la bahía de Samaná. ¿Cómo pudríamos impedir que una nación extranjera asegurase la presa?...Es apetecible la adquisición de Santo Domingo por su posición geográfica. Gobierna la entrada del mar Caribe y el transito del comercio en el istmo. Posee el suelo más rico, la más espaciosa bahía, el clima más saludable y los más valiosos productos de todas las clases que ninguna otra de las islas de las Indias Occidentales. (...) En el caso de una guerra extranjera, nos dará el mando de todas las otras islas, impidiendo que algún enemigo las posea como un lugar de cita en nuestras propias fronteras... La adquisición de Santo Domingo es una aceptación de la doctrina de Monroe. Es una medida de protección nacional. Es afirmar nuestra justa pretensión a influir en el gran trafico comercial que pronto debe correr de este a oeste por medio del istmo de Darién... es arreglar la desgraciada condición de Cuba y concluir con un conflicto exterminador”.

Ulises Grant planificó la anexión de las Antillas a Estados Unidos y le dio una interpretación extensiva a la doctrina del presidente Monroe (1823), al afirmar: "Ninguna potencia europea puede adquirir por ningún medio, guerra, colonización o anexión, parte alguna del territorio americano, aunque lo pida el pueblo interesado".
El papel desempeñado por el General norteamericano William L. Cazneau fue sumamente importante en la implementación de los planes de anexión a Estados Unidos iniciadas por Báez desde 1869. Inclusive, éste aventurero, amigo de Grant, fue designado por Báez "Embajador dominicano" en la ciudad de Washington, y durante su estadía -según lo revela Melvin Knight- fue Hartmont quien cubrió los gastos de su estadía en la capital norteamericana.” Y surge la interrogante: ¿Por qué Hartmont?, porque sí él tenía en garantía la península de Samaná en virtud de lo dispuesto por el artículo núm. 14 del contrato de empréstito de fecha 1ro. de mayo de 1869, esto le garantizaría algún derecho y quizá un beneficio futuro ante las negociaciones de anexión de Báez con el presidente Grant y Estados Unidos.
A nuestro juicio, no es el azar histórico lo que determina que tras la cancelación del empréstito Hartmont se gestionara un contrato de anexión y otro de arrendamiento de Samaná. Una reflexión verdaderamente crítica nos permite apreciar una relación entre el affaire Hartmont y las tratativas anexionistas que se inician también en 1869.
En lo que se refiere a la política anexionista de Báez, ésta se continuó manifestando en los años posteriores, y el 28 de diciembre de 1872 se firma un nuevo contrato de arrendamiento de Samaná sobre la base del pago de una renta de 150,000 dólares anuales, sin embargo, el congreso de Estados Unidos se opuso a tal acuerdo.

1.7. TENTATIVAS DE NUEVOS EMPRÉSTITOS.
Desde el empréstito Hartmont (1869) al contraído con la Casa Westemdorp & Co. de Holanda en 1888, se produjeron en la República Dominicana varias tentativas para la obtención de empréstitos. Veamos: a) en diciembre de 1869 se gestionó uno en Estados Unidos por la suma de 100,000.00 dólares por año, poniendo en garantía la bahía de Samaná ; b) por la ley del 21 de abril de 1871, se gestionó otro empréstito en Estados Unidos por la suma de 1,500,000.00 dólares, poniendo en garantía todo el territorio de la República, lo cual constituía un verdadero proyecto de anexión, el cual fracasó por las fuertes protestas de los generales Cabral y Luperón, y de los sectores populares; c) el 24 de febrero de 1872 se trató de obtener un préstamo de 25,000.00 pesos del señor Jeremías Jesurum, comprometiéndose como garantía los ingresos parciales de las aduanas dominicanas; d) el 5 de octubre de 1874 se intentó otro por la suma de 3.0 millones de dólares, elevado a 5.5 millones por el senado consultor, para ser contratado en Estados Unidos, y ofreciéndose en garantía las aduanas nacionales; e) el 8 de octubre de 1884 se quiso obtener la suma de 800,000.00 pesos ante una Junta de Crédito recién instalada; f) en 1887 J. Mendel prestó al presidente Ulises Heureaux, la suma de 224,182 pesos en calidad de banquero de Santo Domingo, obteniendo en garantía las aduanas nacionales ; g) desde 1887 Heureaux gestionó en Europa un empréstito por la suma de 3.5 millones de dólares, previa gestión en Estados Unidos. Esta búsqueda concluyó en 1888 con la firma de un contrato con la Casa Westemdorp & Co. de Ámsterdam, Holanda.



A MANERA DE CONCLUSIONES
El proceso inicial de endeudamiento público de la República Dominicana se fundamentó en la supuesta necesidad, argumentada por los gobernantes de aquella época, de disponer de recursos financieros frescos para mantener la guerra de independencia contra los haitianos a partir de 1844.
Sin embargo, no conformes con la deuda interna contraída, durante la cuarta administración de Buenaventura Báez se gestiona un endeudamiento público externo por la suma de 420,000 libras esterlinas ofreciendo en garantía las aduanas nacionales, dando lugar a un colosal fraude financiero en perjuicio de los dominicanos.
Estas experiencias nos permiten concluir reflexionando sobre las implicaciones que tiene el endeudamiento publico, interno y externo, sobre la sociedad en general, presente y futura, por lo cual, entendemos que a la hora de asumir compromisos financieros de esta índole se debe evitar obtener prestamos para destinarlos a la voracidad de la corrupción administrativa de los funcionarios de los gobiernos de turno.
El endeudamiento sería justificado para invertir los recursos en obras públicas o en proyectos de desarrollo sostenibles que beneficien a toda la comunidad nacional.

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